Estimados/as compañeros/as:
El pasado lunes, 20 de julio, tuvo lugar la sesión del Claustro de la Universidad de Málaga en el Paraninfo, en la que SITUMA hizo uso del turno de intervención de los grupos claustrales para plantear al Rector diversas cuestiones de interés tanto para el PDI como para el PTGAS.
Sin embargo, el Rector no tuvo a bien responder a ninguna de las cuestiones formuladas, alegando que habíamos superado el tiempo asignado para la intervención. No obstante, más de la mitad de los grupos que hicieron uso de la palabra excedieron igualmente el tiempo asignado. Aun así, únicamente a SITUMA se le reprochó esa circunstancia y nuestras preguntas quedaron sin respuesta.
Nuestra intervención se hizo en los siguientes términos:
Señor Rector, miembros de la Mesa del Claustro, compañeras y compañeros claustrales:
Antes de comenzar, permitidme celebrar que España es de nuevo campeona del mundo. Esta institución manifestó su apoyo a nuestra selección, y hoy nos sumamos a esa alegría compartida. Pero, más allá del título, hay una enseñanza que merece la pena recordar: ningún campeonato se conquista individualmente. Los grandes logros son siempre el resultado del esfuerzo colectivo. También las instituciones, como las selecciones, solo alcanzan sus objetivos cuando funcionan como un verdadero equipo. Y precisamente de eso quiero hablarles hoy.
Intervengo en nombre del Grupo Claustral SITUMA, y lo hago como voz de un colectivo conformado por Personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y por Personal docente e investigador. Somos, por tanto, la expresión de dos de los sectores que sostienen día a día el funcionamiento de esta Universidad.
Que nuestra composición sea la que es no significa, sin embargo, que el estudiantado quede fuera de nuestra mirada. Muy al contrario: somos plenamente conscientes de que las decisiones que se toman en esta Universidad, todas ellas, sin excepción, le afectan de manera directa o indirecta. No se puede hablar de plantillas, de organización, de recursos o de convivencia universitaria sin tener presente a quienes son la razón de ser de esta institución. Por eso, cuando este grupo toma la palabra, lo hace pensando en la comunidad universitaria en su conjunto.
PDI:
Quiero trasladar en primer lugar a este Claustro, en nombre del personal docente e investigador de nuestro grupo, cuatro cuestiones que consideramos de especial gravedad y que requieren una respuesta clara por parte de esta Universidad.
La primera se refiere al intento de rebajar el crédito ECTS de 10 a 7,5 horas en los grados de Ingeniería en Organización Industrial y de Terapia Ocupacional. Afortunadamente, se han mantenido con buen criterio las 10 horas, porque esa reducción habría tenido consecuencias inasumibles para el PDI y habría supuesto el incumplimiento del propio Plan de Ordenación Docente. Somos conscientes de que existe un plan de ajuste con la Junta de Andalucía, pero hay que ponerle un límite. No se puede asfixiar más una labor docente que el PDI viene ejerciendo en circunstancias enormemente adversas. Son muchos los departamentos, y cada mes aumenta su número, con problemas de reposición de personal y con una capacidad docente por encima del cien por cien. Lo que procede es reclamar una financiación justa para la UMA, y no seguir ensayando reducciones del crédito ECTS.
La segunda cuestión es un reconocimiento, aunque con matices. Agradecemos a la Secretaría General que haya abierto la negociación del Proyecto de Reglamento sobre los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes y el Progreso del Estudiantado. Creemos, no obstante, que fue un error presentarlo en Consejo de Gobierno sin esa negociación previa; de ahí el elevado número de alegaciones presentadas. La negociación enriquece el texto e incorpora factores y contextos que el documento original no contemplaba. Negociar es un proceso de diálogo entre partes, en este caso PDI, PTGAS y estudiantado, con intereses a veces divergentes, que discuten, ceden en ciertos puntos y buscan una solución aceptable para todos, en defensa del interés general. Agradecemos que ese proceso esté en marcha y confiamos en que el resultado será beneficioso para la UMA.
La tercera cuestión nos preocupa profundamente: la rebaja tan abrupta aplicada al reconocimiento de la actividad docente del PDI con discapacidad. Estamos en tiempo de ajustes, derivados de la infrafinanciación de la Junta de Andalucía y de errores de gestión económica del pasado, pero ante todo somos personas. El PDI está asumiendo más carga de trabajo, y precisamente por eso hay que tener especial empatía con el PDI con discapacidad, que en algunos casos viene de tratamientos de enfermedades de larga duración que dejan secuelas no solo físicas, sino también psicológicas. Incluso si, por razones debidamente justificadas, hubiera que revisar ese reconocimiento, pedimos que cualquier modificación sea gradual respecto de lo concedido en cursos anteriores y nunca una reducción brusca. Y si existen dudas en casos concretos, que cualquier revisión se apoye en criterios médicos y técnicos individualizados, nunca exclusivamente económicos. Lo repito: somos personas, no números ni cifras de horas impartidas.
La cuarta y última cuestión es el malestar creciente del personal investigador de nuestra Universidad, desde el personal en formación más joven hasta los perfiles más consolidados: un colectivo de 327 personas según datos de 2025, más del diez por ciento del personal docente e investigador de esta institución. Este descontento se fundamenta en una gestión que viene desatendiendo derechos laborales básicos. La UMA arrastra un retraso de once meses en el abono de las tres últimas actualizaciones salariales legalmente establecidas por el Estatuto del Personal Investigador en Formación para el personal predoctoral. Recurre además al silencio administrativo para eludir el reconocimiento y pago de los trienios devengados, pese a que el Tribunal Supremo ya ha avalado este derecho (Sentencia 719/2024).
Y esa misma discriminación retributiva condena a la congelación salarial al personal postdoctoral y contratado con cargo a proyectos, en contra de la jurisprudencia asentada del Tribunal Supremo (STS 3350/2022 y STS 5578/2025), que prohíbe excluir a este personal de las subidas aplicadas al resto de empleados públicos con el pretexto de contar con financiación externa. A todo ello se suma la alarmante falta de perspectivas de estabilización, de vías definidas de consolidación y de una carrera investigadora digna dentro de la institución, lo que empuja a muchos de sus miembros al desamparo o al exilio académico. Nos produce un enorme desasosiego comprobar que son precisamente las figuras más precarizadas quienes sufren con mayor severidad las dificultades económicas actuales; profesionales que, sin embargo, vuelcan a diario su dedicación, su talento y su rigor científico en el desempeño de sus funciones. Por todo ello, apelamos a la comprensión y la solidaridad de toda la comunidad universitaria, e instamos a la apertura inmediata de un proceso de diálogo y negociación colectiva que permita restituir cuanto antes los derechos y retribuciones que legalmente corresponden a estas personas.
BELLAS ARTES:
Debo referirme, una vez más, a una situación que este grupo claustral ya ha traído a esta sede en anteriores ocasiones: el conflicto que afecta a la Facultad de Bellas Artes.
No es un asunto nuevo. Se trata de una situación de conflicto prolongada en el tiempo, incluso enquistada, podríamos decir, en el seno del centro, que afecta a su clima de convivencia y al normal desarrollo del trabajo de quienes allí prestan servicio. Un problema que viene de largo, que ha sido reiteradamente expuesto ante los órganos de esta Universidad y al que, hasta la fecha, no se ha logrado poner solución.
En los últimos tiempos, el Defensor Universitario ha venido interviniendo en el asunto. Queremos agradecer expresamente, y así deseamos que conste, su interés, su dedicación y su implicación en la búsqueda de una salida. Su actuación demuestra que la institución dispone de cauces y de personas dispuestas a utilizarlos.
Pero también debemos ser honestos: pese a esa intervención, el conflicto persiste. Y cuando un problema se mantiene después de haberse intentado distintas vías de intervención y de intermediación institucional, lo responsable no es resignarse, sino reconocer que hacen falta otras medidas y otro tipo de intervención. No corresponde a este grupo determinar cuáles, pero sí corresponde a quienes tienen la responsabilidad de gobierno de esta Universidad adoptarlas. Las personas que trabajan en la Facultad de Bellas Artes tienen derecho a desarrollar su labor en un entorno de convivencia digno, y esta institución tiene la obligación de garantizárselo. No podemos permitirnos que la próxima vez que este asunto llegue al Claustro sea, de nuevo, para constatar que nada ha cambiado o, lo que sería más grave, que las personas afectadas hayan terminado por marcharse a otras instituciones para poder trabajar en paz y con las garantías que merece cualquier empleado público.
PTGAS
PROMOCIONES PTGAS:
Quiero referirme también a la situación de las promociones del personal laboral, que se encuentra, sencillamente, bloqueada.
Los hechos son elocuentes. Desde que se aprobó la Oferta de Empleo Público de 2024, en julio de 2024 y publicada en BOJA en septiembre de ese mismo año, no se ha resuelto ni una sola convocatoria de promoción para el PTGAS laboral. De las 34 plazas que la conforman, solo se han convocado la mitad, mediante concurso de traslado y promoción interna. Se convocaron en octubre de 2025; el plazo de solicitudes se cerró el 21 de noviembre de 2025; las relaciones definitivas de personas admitidas se publicaron en marzo de 2026; los tribunales calificadores, a finales de abril. Y a día de hoy, en julio de 2026, dos años después de aquella OEP, ni siquiera se han publicado las fechas de los exámenes. Ocho meses después de cerrarse el plazo de solicitudes, quienes concurrieron a ese proceso siguen esperando. De las otras 17 plazas aprobadas en esa OEP, ni siquiera tenemos noticias sobre cuándo se van a convocar.
Y lo más llamativo es que las causas de esta parálisis no son ajenas a la propia Universidad. Los procesos ya convocados se encuentran detenidos por controversias sobre la composición de los tribunales, derivadas de interpretaciones que cuestionan la idoneidad de personas propuestas por su competencia profesional y su conocimiento de la materia, que es precisamente lo que la norma exige de quienes han de valorar estos procesos. Y los procesos aún no convocados esperan a la definición de unos criterios de ordenación de la promoción que no vienen exigidos por norma alguna, y que, lejos de facilitar la carrera profesional, corren el riesgo de restringirla allí donde las normas no la restringen. Este grupo lo dice con convicción: cuando las reglas ya existen, añadir requisitos y filtros que la normativa no contempla no aporta garantías; solo aporta demora.
Y si miramos hacia adelante, el panorama no mejora: la propia Guía de Convocatorias y Exámenes publicada por la Delegación del Rector en materia de Personal sitúa las convocatorias pendientes en el tercer cuatrimestre de 2026 y los exámenes, directamente, en 2027.
Somos conscientes de que la autorización de la Junta de Andalucía condiciona los plazos, y de que algunos aplazamientos se han acordado en mesa de negociación para incorporar las plazas de la OEP de 2026. Pero eso no explica ni justifica que procesos ya convocados, con plazos cerrados y tribunales nombrados, permanezcan paralizados durante meses. Detrás de cada convocatoria sin resolver hay personas que llevan años esperando una oportunidad de promoción, planificando su carrera profesional sobre calendarios que la Universidad publica y después no cumple. Las ofertas de empleo público tienen, además, plazos legales de ejecución, y dejarlas languidecer no es una opción administrativamente inocua.
Por ello pedimos al Equipo de Dirección un compromiso firme y con fechas: la resolución inmediata de los procesos ya convocados del personal laboral y un calendario realista y vinculante para los pendientes. El derecho a la promoción profesional no puede seguir siendo la variable de ajuste de esta Universidad.
RPT GLOBAL:
Paso ahora a otra cuestión pendiente: la nueva Relación de Puestos de Trabajo. En el segundo apartado del Objetivo 1 de su programa de gobierno para el PTGAS, ustedes asumieron el siguiente compromiso:
“Elaboraremos, de forma inmediata, un nuevo catálogo de funciones y competencias de las áreas, servicios y unidades administrativas, para implantar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), dinámica y eficiente, acorde con las necesidades reales de cada área/servicio, y con la participación activa de sus responsables.”
La pregunta es inevitable: ¿qué entiende este Equipo de Dirección por “de forma inmediata” cuando estamos ya cerca de cumplir tres años de mandato?
Y, además, ¿dónde ha quedado la participación activa de las personas responsables de los servicios?
Desde SITUMA les pedimos que escuchen a quienes conocen de verdad el funcionamiento de la Universidad: las personas responsables de los servicios y el propio PTGAS. Son quienes mejor conocen las necesidades reales que debe reflejar la futura RPT.
Asimismo, en la Mesa de Negociación del PTGAS se anunció que se definirían unos criterios previos para la elaboración de la nueva RPT. ¿Existen ya esos criterios? Y, si existen, ¿por qué todavía no se han presentado a la Mesa de Negociación?
Porque una RPT de la trascendencia que tiene para el futuro de nuestra Universidad no puede elaborarse sin unos criterios objetivos, previamente definidos, conocidos y consensuados con la representación del personal.
AYUDAS SOCIALES:
Desde SITUMA queremos volver a denunciar el importante recorte que han sufrido las ayudas de Acción Social no automática desde 2024.
Y les volvemos a recordar aquí su programa de gobierno, en concreto el quinto apartado de su Objetivo 3:
“Revisaremos las ayudas del Plan de Acción Social, con incremento de dotación económica para el mismo en función de la disponibilidad presupuestaria.”
Ya sabemos que nos van a volver a contar que se han encontrado una situación económica muy mala, pero entre incrementar, como prometieron, y reducir a la mitad, podían haber optado por congelar ese presupuesto hasta que la situación de la UMA mejorase.
Hasta 2023, el presupuesto destinado a estas ayudas había experimentado un crecimiento progresivo, alcanzando los 513.423 euros. Sin embargo, en 2024 sufrió un drástico recorte hasta los 220.000 euros. Aunque posteriormente aumentó hasta los 275.000 euros, esa recuperación se financió con el presupuesto liberado por la eliminación de otros programas de Acción Social, por lo que seguimos muy lejos de los niveles de financiación existentes antes de 2024.
Y los datos hablan por sí solos. Basta analizar la resolución provisional de las ayudas de este año: casi tres de cada cuatro ayudas denegadas, concretamente el 73,8 %, lo han sido por una única causa: la limitación presupuestaria.
Es decir, el problema no es que las personas solicitantes no cumplan los requisitos. El problema es que el presupuesto resulta insuficiente para atender todas las solicitudes que sí los cumplen.
Por ello, desde SITUMA solicitamos al Equipo de Dirección un compromiso expreso para que, a partir del presupuesto de 2027, se inicie una recuperación progresiva de las ayudas de Acción Social no automática hasta alcanzar, en un plazo razonable, los niveles existentes antes de 2024. Una recuperación que, además, no responde únicamente a una reivindicación sindical, sino al propio marco normativo que regula la Acción Social en nuestra Universidad, ya que tanto el límite de gasto vinculado al Capítulo I de la masa salarial como el Reglamento de Acción Social establecen que debe destinarse a esta finalidad entre el 1,25 % y el 1,5 % anual de dicha masa salarial.
Porque la Acción Social no debe considerarse un gasto prescindible, sino una inversión en el bienestar de las personas trabajadoras. Y ninguna universidad comprometida con su personal debería asumir como normal que cientos de ayudas se denieguen simplemente porque el presupuesto se ha quedado corto.
INSTRUCCIÓN INTERNA:
Y termino con la Instrucción Interna. Llevamos más de un año esperando la actualización de la Instrucción Interna para adaptarla a la legislación vigente. Un retraso provocado por los interminables plazos del Equipo de Dirección para revisar un texto que ya había sido trabajado con las organizaciones sindicales y que, una y otra vez, ha ido posponiendo su negociación en la Mesa de Negociación del PTGAS.
Por fin, el pasado viernes fuimos convocados para abordar esa negociación. Ahora toca analizar el texto y comprobar cuál es su contenido definitivo. Desde SITUMA esperamos que no suponga un nuevo recorte de derechos para el PTGAS, porque hay algo en lo que todas las organizaciones sindicales coincidimos: con nuestro acuerdo, ni un solo paso atrás.
Y hablando de pasos atrás, permítanme una reflexión final. Es posible que el Rector o algunos miembros de su Equipo de Dirección quieran pensar que las concentraciones del PTGAS celebradas los pasados 16 y 23 de junio respondían únicamente a la reducción del horario de verano durante un par de semanas. Pero se equivocan.
Aquella decisión fue simplemente la gota que colmó el vaso tras años de continuos recortes y pérdidas de derechos: el plan de ajuste, la falta de oportunidades de promoción profesional, la reducción del premio de jubilación, la reducción de las ayudas de Acción Social, la eliminación del programa de intercambio de vacaciones, los recortes en programas de salud como la detección precoz del cáncer de mama y de próstata o la campaña de vacunación frente a la gripe, la creciente sobrecarga de trabajo por la falta de cobertura de bajas y vacantes, el aumento del estrés laboral…
Porque las protestas del PTGAS no nacen de una decisión puntual; son la consecuencia del desgaste acumulado por años de decisiones que han deteriorado progresivamente sus condiciones de trabajo y su bienestar.
Señor Rector, todavía estamos a tiempo de cambiar ese rumbo. Para ello hacen falta diálogo, negociación y compromisos concretos. SITUMA estará, como siempre, dispuesto a contribuir, pero también firme en la defensa de los derechos de quienes sostienen diariamente esta Universidad.
Muchas gracias. Y queremos concluir deseando a toda la comunidad universitaria un merecido descanso estival.